domingo, 14 de septiembre de 2008

GUAGUAS MUNICIPALES, FINAL DE RUTA.


COMITÉ DE EMPRESA GLOBAL (SALCAI-UTINSA S.A.)

Gran Canaria
13/09/2008
Guaguas Municipales, final de ruta

(Foto: C7)


La gerencia ya había avisado de la falta de liquidez de la empresa.

Gonzalo H. Martel Las Palmas de Gran Canaria
De nada sirvieron los avisos reiterados desde hace meses. El retraso de quince días en el pago de los salarios de agosto a los 700 trabajadores de Guaguas Municipales ha puesto en la calle la crisis abierta que sufre la empresa, y las dificultades del grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para afrontar la situación creada. Lo ocurrido esta semana, con el preaviso de huelga lanzado por el comité de empresa aún vigente, con el conato de encierro en las oficinas municipales y con unos 200 trabajadores acampados durante toda una noche a la espera de cobrar su sueldo en la puerta del Ayuntamiento augura tiempos más difíciles. No sólo para el futuro de la empresa, que necesita un urgente cambio de rumbo. El futuro mismo de la actual mayoría gobernante queda debilitado por la torpeza demostrada al no solucionar a tiempo el pago de los salarios.

«A partir de finales de julio se prevé la suspensión de pagos por la insuficiencia de recursos para afrontarlos, y le corresponde al Ayuntamiento de Las Palmas adoptar las decisiones que en derecho procedan en relación a la viabilidad y certidumbre de la empresa». El informe semestral de la Gerencia de Guaguas firmado el pasado 23 de julio fue el aviso de final de trayecto; la empresa debe afrontar pagos por 16 millones de euros hasta fin de año y no tiene un duro. Todas las ayudas previstas desde el Ayuntamiento para 2008 ya se han gastado, y también la recaudación del año completo, porque la pérdida de viajeros es alarmante. Pero las vacaciones estaban cerca; no hubo ni un solo movimiento para abordar el problema. Sólo el alcalde, Jerónimo Saavedra, puso sobre la mesa la posibilidad de dar entrada a capital privado, pero la iniciativa carecé de valor inmediato. Se abrió el debate, pero nadie tapó el agujero.

El eje
Desde que el servicio de Guaguas se municipalizó en 1979 bajo el mandato de Juan Rodríguez Doreste, «todos los gobernantes de la ciudad han considerado el transporte público como un problema, cuando en la mayoría de las ciudades de Europa ha sido la solución, el eje de la modernización y de la recuperación de espacios para los vecinos». La reflexión la hacen varios especialistas del sector; técnicos que ven posible aún un equilibrio entre el compromiso social, la contención del gasto y la reconversión de la empresa en una máquina eficiente.

Con todo, los números evidencian que el modelo de gestión de las últimas décadas ha tocado fondo. Sin cambio de rumbo, la deuda que hoy supera los 33 millones de euros habrá alcanzado los 55 millones en cuatro años, y para entonces el número de viajeros será irrisorio con la actual tendencia desertora. Entre todos los gestores de las administraciones públicas han conseguido que Guaguas Municipales se convierta en la hermana harapienta del transporte de viajeros del Archipiélago; las ayudas del Gobierno canario y de la Autoridad Única del Transporte compensan el gasto por kilómetro antes que por viajero, lo que beneficia a las empresas insulares (Titsa, Global). Y el Ayuntamiento, propietario único de la compañía, tiene un techo financiero que Saavedra ha cifrado en 15 milllones de euros anuales para compensar los descuentos en las tarifas sociales, que ya cuestan más de 18 millones.

Un callejón sin salida.
Privatización o capital externo
El alcalde, Jerónimo Saavedra, abrió en julio la puerta a la inyección de capital privado para reflotar la empresa, anunciando que está dispuesto a vender hasta el 49% de las acciones de la empresa, lo que permitiría ceder la gestión sin perder la mayoría. Los técnicos del sector cuestionan esa fórmula, aunque comparten la necesidad de garantizar una inyección de capital que de alguna forma obligará a redimensionar la empresa. La privatización es una vía extraña al sector, que no se aplica en ninguna de las grandes ciudades españolas, donde la política de transporte de viajeros suele ser el escaparate de la eficacia en la gestión pública. Desde Madrid a Barcelona, pasando por Bilbao o Granada.