sábado, 29 de diciembre de 2012

Establece a partir de 2013 la duración de la jornada en 37 horas y media a la semana (1.664 horas anuales).

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CANARIAS7


De esta manera, se consolida el incremento horario derivado de los cambios normativos introducidos en 2012.

Además, al menos la mitad de las vacaciones habrán de ser disfrutadas entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, concentrando, por tanto una parte de las vacaciones en el período de menor actividad, pero permitiendo que otra parte pueda disfrutarse en períodos distintos.

La nueva instrucción también reduce de una hora a sólo 30 minutos el horario de interrupción para la comida, facilitando que la jornada finalice media hora antes.

Asimismo, permite en determinados ámbitos el cierre de las instalaciones debido a la inactividad estacional de determinados servicios públicos, por ejemplo en los centros docentes durante los periodos no lectivos.

miércoles, 26 de diciembre de 2012

El Nuevo Reglamento de la policía se aprobará en Pleno municipal en el primer trimestre de 2013.

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El Ayuntamiento "garantiza" la masa salarial de la Polícía Local



El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aseguró que el Nuevo Reglamento de la Policía Local, que se aprobará en Pleno municipal en el primer trimestre de 2013, garantizará el mantenimiento de la masa salarial de los miembros del Cuerpo y "permitirá una mejor estructura organizativa".

El documento, que se ha sometido a un proceso de negociación con los sindicatos, a través de la celebración de cuatro Mesas Sectoriales y una Mesa General de Negociación, responde a la necesidad de adaptar las normas de funcionamiento y organización del Cuerpo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria a las normas marco aprobadas por el Gobierno de Canarias en el Decreto 75/2003 de 12 de mayo, tal como establecen sus disposiciones transitorias.

Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento, se atiende a "una demanda histórica" de los miembros del Cuerpo para clarificar su régimen jurídico, y permitir con ello la definición de "una nueva estructura y una mayor capacidad organizativa de los mandos policiales, al mismo tiempo que se mejora la seguridad ciudadana en el municipio", según explicó el Consistorio.

El Ayuntamiento capitalino recordó en una nota que "la entrada en vigor del nuevo Reglamento no regulará las retribuciones económicas del Cuerpo ni tampoco la distribución de efectivos en los distintos empleos, ya que el objeto de éste es dotar al Cuerpo de marco legal y organizativo que lo ampare".

Equiparación

"El documento tampoco afectará al desempeño de las funciones de los agentes de la Policía Local, ya que la organización de las unidades policiales con la aplicación del nuevo Reglamento, serán establecidas a propuesta de la Jefatura de Policía".

Por su parte, el nuevo Reglamento de la Policía Local establece que la jornada laboral de los miembros del Cuerpo será la establecida legalmente para el resto de funcionarios del Ayuntamiento, mientras que el horario de prestación del servicio será fijado mediante Instrucción General de Horarios, cuya elaboración, está finalizando la Corporación para su negociación a partir de la próxima semana en la Mesa de Negociación, donde se establecerán los horarios y prestación de servicios, dando con ello cobertura al cumplimiento de los servicios públicos.

Los policías no han dejado de protestar por este reglamento con el que no están de acuerdo.

sábado, 8 de diciembre de 2012

Los trabajadores de la empresa de transportes Global celebran este sábado 8 de diciembre (a las 10.00 horas en el turno de mañana y a las 17.00 horas en el turno de tarde) una importante asamblea en la que se decidirá las medidas a adoptar ante la última propuesta de convenio colectivo presentada por la empresa.

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INFONORTEDIGITAL

Los trabajadores denuncian que la intención de la empresa es recortar líneas.
Los trabajadores de la empresa de transportes Global celebran este sábado 8 de diciembre (a las 10.00 horas en el turno de mañana y a las 17.00 horas en el turno de tarde) una importante asamblea en la que se decidirá las medidas a adoptar ante la última propuesta de convenio colectivo presentada por la empresa. Esta propuesta ya ha sido rechazada por la mesa negociadora, que la considera "injusta y dirigida a ocultar a la opinión pública lo que no ha sido más que una gestión desastrosa". 
Por este motivo, se prevé que la asamblea de este sábado sea muy concurrida y que se adopten duras decisiones que podrían incluir un calendario de movilizaciones en este importante servicio de transportes.
El comité de empresa denuncia que, con la última propuesta empresarial, la intención de Global se orienta a salvar su mala gestión endosándole el sacrificio a los ciudadanos y a los trabajadores, lo cual viene siendo la norma en las medidas anti-crisis que se vienen tomando. Así, el comité de empresa considera que la intención de la empresa, en connivencia con el Cabildo de Gran Canaria, es recortar líneas, sobre todo aquellas que son deficitarias pero necesarias para garantizar la igualdad de todos los grancanarios. Asimismo, los trabajadores temen que en breve se incremente el precio del billete de forma escandalosa, lo cual repercutirá en las ya maltrechas economías familiares. Se trataría de un nuevo hachazo al Estado del bienestar por la vía del recorte en los servicios públicos esenciales.
Los trabajadores recuerdan también que, mientras ahora se les pide que renuncien a más de un 20 por ciento de su salario, tan solo cuatro directivos de la compañía se embolsaron casi un millón de euros en el año 2010, y 755.000 euros en el año 2011, en el momento de mayor agudeza de la crisis económica. Asimismo, el sindicato denuncia la existencia de 10 millones de euros gastados anualmente no se sabe en qué, cantidad que, desde el 2008 al 2011 ascendió a 40 millones de euros en el capítulo de "gastos generales". A esto hay que añadir, dice la representación de los trabajadores, la incontrolada externalización de servicios, la creación de empresas ajenas al transporte por parte de la empresa, y la construcción de obras tan faraónicas como innecesarias.
Según la versión de la empresa, si los trabajadores se avienen a la reducción salarial, el Cabildo de Gran Canaria acudirá al rescate de Global. Pero, según el comité de empresa, de lo que se trata es de sanear la empresa y venderla al mejor postor sin obligación de subrogar a los trabajadores.
Los trabajadores exigen a los actuales dirigentes que hagan un ejercicio de honestidad y convoquen una junta general extraordinaria en la que expliquen la situación de la empresa y el motivo por el que se ha llegado a ella. Y una vez hecho esto, que pongan sus cargos a disposición de la asamblea general de socios para que estos elijan a los dirigentes que han de afrontar esta difícil situación. No hay que olvidar, a este respecto, que la empresa Global, nacida de la fusión de Salcai y Utinsa, es la primera empresa de economía social de Canarias, en las que los trabajadores son, a la vez, accionistas.
La representación de los trabajadores muestra su disposición a "arrimar el hombro" ante la actual situación de crisis, pero "esta disposición no debe confundirse con la firma de un cheque en blanco a los actuales dirigentes para que sean los ciudadanos y los trabajadores, con su sacrificio, los que tapen las vergüenzas de una gestión nefasta".

martes, 4 de diciembre de 2012

LA MAYORÍA EN EL COMITÉ DE EMPRESA DE GLOBAL SALCAI-UTINSA S.A., CONVOCA ASAMBLEA DE TRABAJADORES Y ¿VOTACIÓN?

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NO ENTENDEMOS QUE ES LO QUE HAY QUE VOTAR, POR CUANTO LA COMISIÓN NEGOCIADORA DE FORMA UNÁNIME RECHAZÓ DE FORMA CONTUNDENTE LA ÚLTIMA PROPUESTA DE LA EMPRESA.

POR LO TANTO ESTA MAS QUE CLARO QUE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES CONSIDERAN INACEPTABLE DICHA PROPUESTA  Y RECHAZAN LA MISMA.

ES DECIR NO EXISTE NI SIQUIERA UN ACERCAMIENTO RAZONABLE, PARA LLEVAR LA PROPUESTA A VOTACIÓN.

NO, ES NO Y LA REPRESENTACIÓN LABORAL HA DICHO QUE NO. 












miércoles, 7 de noviembre de 2012

En próximo 14 de noviembre --Huelga General y Manifestación--, hay que darles una respuesta. Nos va mucho en ello.

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Joaquín Sagaseta*, autor del artículo.

Seguramente entre lo más repugnante y cínico del Gobierno de la derecha se encuentra Bañez, la Ministra de Trabajo. La misma señora que hace pocos días, tras comunicar la buena nueva de que el Estado español había superado los 5.700.000 parados -el 25% de la población activa, en Canarias el 34%- dio noticia de los “horizontes esperanzadores” de recuperación en el empleo que ya se estaban percibiendo. Seria cómico, “¿a quien van creer más, a mi, o a sus propios ojos?”, si fuera porque de lo que se trata es de una auténtica catástrofe social. 

Una semana después la Sra.Ministra concretó la feliz perspectiva: los ERES de despidos colectivos entre el personal laboral de las administraciones públicas.

En el horizonte de la Ministra y de su Gobierno la niebla se disipa y pasa a condensarse para desencadenar la tormenta sobre las cabezas de más de 700.000 trabajadores, “sobrantes” en un país que está por debajo de la media europea en % de empleo público, particularmente en el sector vinculado a los servicios sociales.

Con baba cínica y con indisimulada voluntad de aislar a los futuros condenados de la solidaridad social, vomitó la aberración social y jurídica de que se trataba, en fin, “de igualar el régimen de la regulación de los despedidos colectivos en las administraciones públicas al del sector privado”.

No hay nada de igual en lo que se dice se esta igualando: el sector público presta servicios, o los debe de prestar, de interés social, sin ánimo lucrativo y en la generalidad de los casos por imperativos legales que le impone a la administración las proclamaciones constitucionales del estado social y de derecho que no fueron nunca legado generoso de la divina providencia.

No pueden operar criterios “economicistas” y/o “mercantilistas” para determinar los niveles de empleo en el ámbito de los servicios públicos, aquí prevalecen raseros para la cobertura de la actividad de interés social.

Por otra parte, la causa que justifica el ERE conforme a lo ha aprobado por el Gobierno en el RD 1483/12 no es, porque no puede ser, la disminución de facturación o de perdidas en la empresa, como sucede en el sector privado. Ante este inconveniente el gobierno del PP ha escogido el camino de la arbitrariedad. Será una decisión política, unilateral y arbitraria de disminución de la partida presupuestaria en el 5% lo que basta para habilitar el despido colectivo.

Dicho de otra forma, se trata de un despido preconstituido por la propia administración que despide, de imposible control por los afectados.

Debe considerarse igualmente que la inmensa mayoría de los servicios que presta la administración son deficitarios por definición y en consecuencia, siguiendo la lógica “neoliberal”, susceptibles de ser liquidados .
En esta regulación del ERE en las administraciones públicas se excluye formalmente la obligación de descartar opciones alternativas al despido, lo que, a nuestro juicio, redunda en su inconstitucionalidad como apuntaremos más adelante.
Entre tanto, el Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y PSC-PSOE) viene a decir que “esto no le gusta, pero no va a quedar más remedio” y ya apunta directamente, para abrir boca, a los trabajadores del Servicio Canario de Empleo. Por cierto, un porcentaje muy amplio de los laborales “indefinidos” de este servicio acaban, como quien dice, de sufrir un monumental fraude de ley “sorprendentemente” convalidado por la jurisdicción social: “proceso selectivo en la modalidad de concurso oposición regido por los principios de publicidad, merito y capacidad, para ocupar plazas vacantes pero ¡¡¡¿¿¿EN LA CONDICIÓN DE INDEFINIDOS!!!???.

En la confirmación de este fraude por los tribunales sucede como en aquella política de Orson Wells “El Proceso” basada en la novela homónima de Kafka: Anthony Perkins es procesado y condenado sin enterarse del por qué. La obligación legal es la de convocar periódicamente procesos selectivos para ocupar con empleo fijo las plazas vacantes. Mas allá de burlar la ley para precarizar relaciones laborales que deberían ser estables ¿qué sentido tiene convocar procesos selectivos, respetuosos de los requisitos formales, para poner en el lugar que corresponde a un fijo un temporal “indefinido”?. 

El Gobierno de Canarias mejor haría ahora, ya que “no le gusta” la barbaridad del “Gobierno de Madrid”, corregir ese fraude y aplicar la norma defraudada que conduce a la fijeza.

En todo caso y aparte de la fundamental contestación social, que ahora lleva el sello de la huelga general del 24 de noviembre, desde mi punto de vista hay defensa jurídica.

Por imperativo constitucional las administraciones públicas no pueden actuar de manera arbitraria, tienen que informar su política social con el principio del pleno empleo, y, sobre todo, no pueden derogar la primacía del derecho del trabajo y a la estabilidad en el empleo, de lo que se sigue, inexcusablemente, la consideración del despido como último remedio ante causa grave que no tenga opción alternativa.

En el marco del despido, debe añadirse, que toda vez que las normas, por exigencia legal, hay que aplicarlas con arreglo a la realidad social, las que habilitan para el despido tienen que apurar, hasta el limite, la interpretación restrictiva en tanto conciernen a un bien escaso, vital, de `primera necesidad .

En pocos años el trabajo, como bien jurídico protegible, ha cambiado radicalmente de contenido, de valor objetivo, en el marco de esa realidad social. El daño producido con el despido no es ahora “simplemente” dejar de ser trabajador activo para ser trabajador en paro.

El daño que causa el despido es cien veces mayor que antes, porque es cien veces mas difícil que antes poder reponerse en el ejercicio del derecho; es dejar de ser trabajador para engrosar la lista de condenados al infierno de la exclusión social o para ser situados en la frontera misma de la marginalidad. La perdida de trabajo sería hoy, en amplia medida, integrable en la prevalencia del “derecho de penuria” del que hablaba Hegel.

No puede perderse de vista, por último, que la razón profunda de este nuevo hachazo a los derechos más básicos de los trabajadores no la vamos a encontrar en el “déficit” -déficit que se constituye con deuda privada travestida en deuda pública- sino en una tendencia tan natural en el sistema capitalista como la que impulsa al escorpión a clavar su rejo venenoso sobre el cuerpo de la rana en la que cruza el río, aún a riesgo de ahogarse: privatizar y mercantilizar todo lo susceptible de extraer beneficio ya sea a costa de los trabajadores, de los consumidores, de las transferencias de los dineros público… por lo común, de todo ello junto.

En próximo 14 de noviembre --Huelga General y Manifestación--, hay que darles una respuesta. Nos va mucho en ello.

*Joaquín Sagaseta es abogado laboralista y militante político y social.
Gran Canaria, Jueves, 01 Noviembre 2012

miércoles, 31 de octubre de 2012

lunes, 29 de octubre de 2012

Se ha detectado un exceso de litigiosidad utilizando este servicio para recurrir multas de tráfico

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 EUROPA PRESS

   La reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que está preparando el Gobierno prevé que las personas que cumplan los requisitos para utilizar este servicio, lo puedan hacer un máximo de tres veces al año, salvo que se acredite que no hay abusos. Este principio no regirá para la vía penal, que no tendrá un tope de utilización, según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno. Toda esta reforma está supeditada a alcanzar un acuerdo con las Comunidades Autónomas.

   El Ministerio de Justicia ha realizado ya un borrador con el que se modifica la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita. El departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón ha remitido este texto a las CCAA para recabar sus opiniones, teniendo como objetivo lograr "una Justicia gratuita más justa", tal y como afirmó el pasado lunes el ministro en el Congreso de los Diputados, donde compareció para defender la nueva Ley de Tasas Judiciales.

   El Ejecutivo ha detectado que se producen casos de abusos en la utilización de este servicio, que supone al año un coste anual de 269 millones de euros para el erario público. Entre otros casos, se ha constatado un exceso de uso en los procedimientos para recurrir multas de tráfico.

   Por ello, en el borrador que ha redactado el Ministerio de Justicia para modificar la citada norma, incluye una serie de medidas que limitan la utilización de este servicio aplicando la presunción del 'iuris tantum', según el cual se aplicará una presunción de abuso para todas aquellas solicitudes que excedan de tres al año, salvo que se acredite que hay un legítimo derecho por concurrir razones especiales. Además, si el ciudadano que ha utilizado ya en tres ocasiones un abogado de oficio es demandado, podrá volver a recurrir a la justicia gratuita si reúne los requisitos para ello. Esta limitación se aplicará a los procedimientos civiles, contenciosos y en la jurisdicción social, pero no se aplicará en la jurisdicción penal, para la que no se establecen topes de utilización.

AUMENTAR EL NUMERO DE BENEFICIARIOS

   No obstante, el Ministerio también se ha propuesto elevar el número de personas que puedan ser usuarios de este servicio y para ello, ha propuesto elevar el umbral de ingresos, que pasará de 2 veces el Salario Mínimo Interprofesional a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

   Es decir, que los ciudadanos con unos ingresos inferiores a 15.975 euros anuales podrán acceder a un abogado de oficio, mientras que hasta la fecha sólo lo podían hacer los que ingresaran menos de 14.910 euros en cómputo anual.

   Con el nuevo umbral, el coste total podría elevarse entre cinco y diez millones de euros, según explicaron a Europa Press fuentes ministeriales, es decir, hasta los 275 o 280 millones, sin embargo, esta no es una cifra cerrada ya que tampoco hay una estadística exacta del número de personas que lo podrían utilizar. Además, en la reforma se incluyen otras medidas con las que se podría ahorrar hasta un 20 por ciento de este coste.

   En el borrador que ha remitido el Ministerio a las CCAA también se aborda el problema que tienen algunas regiones por los retrasos en los pagos a los Colegios de Abogados, que se traducen en una demora en el pago a los abogados de oficio.

   Por ello, se ha incluido un planteamiento que trata de dar satisfacción a este problema, contemplando la posibilidad de que sea el Ministerio de Justicia quien pague, con cargo a parte de lo recaudado por las tasas, a las CCAA. El mecanismo consistiría en que los Colegios de Abogados emitirían sus recibos a las CCAA, que a su vez librarían las certificaciones al Ministerio de Justicia y éste las pagaría a la administración autonómica, que a su vez, realizaría el pago a los Colegios.

   Esto, según las fuentes consultadas, no supondrá ninguna devolución competencial, ya que las regiones mantendrán la gestión de la justicia gratuita, pero sí pretende agilizar los pagos y garantizar la viabilidad del servicio.

CONTROL DE LAS APORTACIONES DEL ESTADO

   El borrador contempla el control de las aportaciones del Estado para pagar a los abogados de oficio, mediante la colaboración con las entidades colaboradoras, las CCAA, los colegios de abogados y la intervención general del Estado.

   Otra de las novedades que se han incluido en el texto es la mediación intrajudicial, con el objetivo de agilizar el sistema. Significa que la nueva Ley recogerá esta opción que ya se contempla en la Ley 5/2012 de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles.

   Con esta vía, en la que es el juez quien propone a las partes que lleguen a la mediación, se prevén solucionar conflictos sin necesidad llegar a que celebrar un juicio, con lo que se ahorran costes y litigiosidad. Las partes que acudan a esta mediación seguirán teniendo abogado de oficio.

   El Ministerio tiene previsto recabar primero las opiniones de las CCAA sobre esta propuesta para modificar la Ley de Justicia Gratuita, con las que entablará un diálogo, antes de llevar un texto al Consejo de Ministros.

viernes, 26 de octubre de 2012

La madrugada del próximo domingo, día 28 de octubre, finaliza la “hora de verano”. Los relojes deberán retrasarse una hora ( a las 02.00h serán la 01.00h , horario canario).

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  La madrugada  del próximo  domingo, día 28 de octubre,    finaliza  la  “hora de verano”. Los relojes deberán retrasarse una hora ( a las 02.00h serán la 01.00h, horario canario) y ello en cumplimiento de  la  Directiva Comunitaria 2000/84/ CE que rige el denominado  “Cambio de Hora”.

El “Cambio de Hora” comenzó a generalizarse, aunque de manera desigual, a partir de 1974, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos países decidieron adelantar sus relojes para poder aprovechar mejor la luz del sol y consumir así menos electricidad en iluminación. Se aplica como directiva desde 1981 y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años.

Desde la aprobación de la Novena Directiva, por el Parlamento  Europeo y Consejo de la Unión, en enero de 2001, este cambio se aplica con carácter indefinido. Dicha Directiva está incorporada al ordenamiento jurídico español por  Real decreto 236/2002, de 1 de marzo.

miércoles, 3 de octubre de 2012

COPIA DE LA DEMANDA PRESENTADA AYER DÍA 02-10-12 IMPUGNACIÓN PRUEBAS PARA LAS PLAZAS DEL SAE.

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E-mail enviado por:

Plataforna Global <globalplataforma@gmail.com>
Fecha: 3 de octubre de 2012 

Como era sabido por todos que una vez se realizaran las pruebas de las plazas de SAE íbamos a impugnar las mismas por una cantidad de irregularidades detectadas desde el mismo comienzo de la convocatoria, aquí les hago llegar la copia de la demanda que se presento ayer día 02/10/2012 en el decanato, y una igual en el SEMAC, para conocimiento de todos, los interesados que quieran añadirse que se pongan en contacto con nosotros para añadirlos si quieren.