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LOS MULTIMILLONARIOS CANARIOS PIDEN A RAJOY LA REEDICIÓN DE LOS PACTOS DE LA MONCLOA
CANARIAS SEMANAL
Ni un sólo día han tardado los representantes de la patronal canaria en dirigirse públicamente al electo Mariano Rajoy para hacerle llegar sus demandas con carácter de urgencia. La mayoría de sus peticiones han sido una reiteración de las que ya habían efectuado, con notable éxito, al saliente presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo logrado hasta el momento, sin embargo, no les satisface.
Ni un sólo día han tardado los representantes de la patronal canaria en dirigirse públicamente al electo Mariano Rajoy para hacerle llegar sus demandas con carácter de urgencia. La mayoría de sus peticiones, lejos de incluir elementos novedosos, han constituido una reiteración de las que ya habían efectuado con notable éxito al saliente presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo logrado hasta el momento, sin embargo, no satisface al empresariado canario, que con la apabullante victoria de la ultraderecha española parece sentirse especialmente envalentonado para exigir el mismísimo cielo.
Para comenzar, todas las voces de las grandes empresas isleñas han coincidido en solicitar otra reforma laboral con el inevitable abaratamiento del despido. En este sentido, el presidente del Grupo Ralons y de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha enfatizado la necesidad de aplicar la reforma laboral para "hacer las empresas más productivas y competitivas". Oliver Alonso, director general de "Domingo Alonso", ha solicitado igualmente una "flexibilización la contratación". Eufemismo con el que el lenguaje de los economistas delestablishment enmascara la progresiva supresión de los derechos laborales de los asalariados. Para aplicar estas medidas, Alonso ha pedido a Mariano Rajoy que actúe "rápido y con rotundidad". Una prisa que comparte con el resto de sus colegas y que manifestaba también el presidente del Grupo Número 1, Amid Achi. Para el conocido empresario de origen hindú el nuevo presidente del Partido Popular "no debe perder ni un segundo" a la hora de aplicar las contrarreformas.
Del mismo modo, el presidente de la Confederación Canaria de Pequeñas y Medianas Empresas (Cecapyme), Prudencio Loreno, se refirió a las reformas laborales y financieras como "instrumentos necesarios" para hacer frente a la actual situación económica. Según el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios , Sebastián Grisaleña, el "valor de España está bajo mínimos" y solo aplicando este conjunto de medidas sin dilación podrá Rajoy ofrecer "confianza y optimismo". Para los portavoces de la patronal, que tampoco han sido originales a la hora de justificar sus peticiones, ésta sería la la única vía posible para"reactivar la economía y crear empleo" La fórmula mágica que los patrones canarios proponen es "facilitar el desempleo para crear empleo".
¿Un nuevo Pacto de la Moncloa?
Entre las conocidas y esperadas peticiones empresariales cabe destacar, en cualquier caso, la realizada por el empresario Juan Miguel Sanjuán (Satocan). El magnate de la construccion grancanario sugirió a Rajoy que, aun contando con una mayoría absoluta en el Parlamento español, "busque acuerdos con otros partidos y haga un nuevo pacto de La Moncloa, que dé confianza a los mercados y también a los inversores". La recomendación de Sanjuán parece indicar que, pese a la euforia por el arrollador triunfo del PP, las burguesías canaria y española temen que la creciente indignación provocada por los "planes de ajuste" que se avecinan pueda llegar a perturbar la tranquilidad de sus negocios. Los Pactos de la Moncloa fueron unos acuerdos suscritos en 1977 entre el gobierno de la UCD, las patronales, Comisiones Obreras, el PSOE de Felipe González y el PCE de Santiago Carrillo. Con el dictador recientemente fallecido, los planes del reconvertido aparato franquista y las potencias occidentales -principalmente EE.UU. y Alemania - de imponer una Transición controlada, se enfrentaban a la oposición de amplios sectores de la sociedad que aún se encontraban movilizados y en lucha. La situación llegó a tornarse explosiva, al coincidir este periodo con el estallido de la crisis capitalista de finales de los años 70. La inflación llegó a superar el 40% a mediados de 1977 y solo entre 1976 y 1978 se perdieron más de trece millones de jornadas de trabajo como consecuencia de las huelgas de los trabajadores.
La posibilidad de que esta correlación de fuerzas se plasmase en la deseada "ruptura democrática", sin embargo, fue abortada por los líderes previamente cooptados del PCE y el PSOE de Suresnes - creado ad hoc para garantizar que todo quedase "atado y bien atado" -. Los Pactos de la Moncloa no sólo impusieron importantes sacrificios a las clases trabajadoras del Estado - comenzando por la "moderación salarial" - sino que fueron diseñados desde el poder para encuadrar a España en el correspondiente lugar subalterno del capitalismo europeo y en la estructura militar de la OTAN. Constituyeron, por tanto, el pacto fundacional que terminó conduciéndonos hasta la situación presente. Hoy, las organizaciones que posibilitaron aquella coyunda han seguido una evolución que podría considerase como "natural". El PSOE, revelando ya sin máscaras cuál ha sido siempre el papel histórico de la socialdemocracia: impedir cualquier transformación progresista de la sociedad y hacer el trabajo sucio a la derecha tradicional. El PCE, auto consumiéndose tras perder su identidad, en el interior de una Izquierda Unida que - según declaraba un eufórico Cayo Lara el pasado domingo - solo aspira a cambiar "el modelo productivo" del país y cree posible construir el socialismo teniendo como referencia la Constitución monárquica de 1978.
¿Están actualmente dadas las condiciones para que los partidos y sindicatos del sistema intenten reeditar aquellos viejos pactos para intentar salvar, una vez más, el maltrecho capitalismo español? Parece dificil. A diferencia de entonces, hoy ya son miles los ciudadanos que han comenzado a tener claro el papel que jugaron en aquellas circunstancias históricas deteminados partidos y sindicatos, aunque esas percepciones no se hayan materializado todavía en niveles sufcientes de organización social. Los próximos meses sevirán de termómetro para indicar hasta que punto la sociedad estará dispuesta a aceptar las medidas antipopulares que los círculos financieros europeos reclaman ya del gobierno de Rajoy.
