5MENTARIOS
CANARIAS7
El juez que instruye la demanda principal dictó ayer un auto que anula todas las pruebas aportadas mediante grabaciones por la Policía Local, y todas las actuaciones derivadas de ellas.
Los enormes expedientes tramitados por la Agencia Tributaria, por la Inspección de Trabajo y por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para perseguir la actuación de los floteros del taxi en esta ciudad no sirven de nada. La actuación de la Policía Local, con registros y grabaciones a los implicados, se efectuó sin mandato judicial.
Un auto del titular del juzgado de Instrucción número tres de la capital grancanaria considera «nulas» las pruebas aportadas por la Policía Local, invalida los procesos iniciados tanto por la Inspección de Hacienda como por la de Trabajo, y dicta el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra el principal encausado del proceso, «al no quedar debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación» del expediente.
La decisión judicial, que había sido solicitada desde el mes de julio por el abogado Alberto Hawach como defensor de los acusados, propina un serio correctivo a la actuación de la Policía Local, de Hacienda y de la Inspección de Trabajo. La Unidad Especial de la Policía Local grabó durante varios meses del año 2009 a los acusados en la vía pública «sin contar con la autorización de la entonces delegada del Gobierno», Carolina Darias. El jefe de la Policía justificó su actuación con un supuesto mandato judicial, aunque se olvidó de avisar al secretario judicial cuando se realizaron registros en locales y se incautaron diversos ordenadores y archivos aportados después a la causa.
La Agencia Tributaria puso en marcha en abril de 2010 una operación combinada con la Inspección de Trabajo para detectar el uso fraudulento de licencias de taxis explotadas por empresarios que no eran propietarios del permiso municipal, conocidos como «floteros» en el sector. El juez ahora invalida las actuaciones porque no se envió el caso a la Fiscalía en el momento en que observaron indicios de delito. Ahora, los 75 expedientes abiertos pueden quedar en nada.
La Agencia Tributaria detectó en marzo de 2010 que Francisco José R.Q. se dedicaba a la explotación de 45 licencias de taxi, por las que no había ingresado las cuotas correspondientes a los años 2005 a 2007. El importe de esa cuantía «superaría ampliamente el importe mínimo de delito contra la Hacienda Pública», por lo que la actuación del implicado «pudiera ser constitutiva de infracción penal», señala el auto judicial conocido ayer. Sin embargo, la Agencia Tributaria optó por acudir «a la vía contencioso administrativa para solicitar autorización de entrada y registro» de los locales del denunciado, cuando «debía haberse abstenido de seguir conociendo el caso, remitiendo las actuaciones al Ministerio Fiscal, de modo que a partir de ahí, el sujeto pasivo tendría las garantías procesales previstas y reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal». Como no fue así, «toda la actuación llevada a cabo en compañía de la Policía Local se encuentra viciada por la falta de competencia», señala el juez. El juzgado autorizó el registro de un local, aunque ese permiso se usó para entrar en otro, sin avisar al secretario judicial.
