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¿CUÁNTAS MUERTES COSTARÁN LA “AUSTERIDAD” Y LOS RECORTES SANITARIOS?
CANARIAS SEMANAL
A. Inglott - Redacción Canarias Semanal
En un prolijo documento, remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha denunciado las nefastas consecuencias de las políticas de “ajuste” que el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos están aplicando en el ámbito sanitario. Para explicar el grado en el que estos brutales recortes presupuestarios afectarán al conjunto de la población la FADSP advierte, previamente, sobre la relación directa que existe entre las crisis económicas y el deterioro de la salud pública.
“Sabemos por los estudios históricos – afirman en su comunicado – que durante estos periodos se produce un incremento de la mayoría de las enfermedades, con especial relevancia de los problemas de salud mental y un aumento de la mortalidad ligada al ascenso de las principales causas de fallecimiento”. Esto sucede – continúa exponiendo la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública – porque la reducción de poder adquisitivo se acompaña de problemas en el acceso a los alimentos, o al consumo insuficiente o inadecuado de los mismos, lo que lleva a situaciones de desnutrición u obesidad sobre todo en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas o lactantes o personas con enfermedades crónicas como la diabetes.
Del mismo modo, los estudios aludidos muestran que durante las crisis económicas se incrementa el número de rupturas familiares y se produce un aumento de la violencia doméstica. Fenómenos que repercuten de manera especial en la salud infantil, al ser éste sector de la población uno de los más vulnerables y afectados por las situaciones de violencia, desnutrición e incapacidad de los adultos para cuidarlos y cubrir sus necesidades básicas
La FADSP apunta, igualmente, la relación directa que existe entre las crisis económicas y el desempleo que éstas generan y el incremento del número de personas que habitan en viviendas precarias o se quedan sin hogar. La pérdida de las redes de apoyo de estas personas se traduce -dicen - en un aumento del riesgo de contraer enfermedades infeccionas, así como de padecer problemas de salud mental graves y drogodependencias.
SE DISPARAN LAS TASAS DE SUICIDIO
En su informe, la FADSP hace públicos los primeros datos conocidos sobre la repercusión de la actual crisis económica en el Estado español. Según una encuesta reciente, cerca de un 25% de los españoles considera que su calidad de vida ha empeorado debido, sobre todo, a que sus ingresos económicos son menores y a que su salud se ha deteriorado. Los problemas de estrés, ansiedad e insomnio ocupan un lugar destacado entre los motivos de este empeoramiento, atribuidos por los encuestados a la crisis económica. Según la FADSP los datos procedentes de las redes de atención a la salud mental avalan esta encuesta, con un aumento de 15% en las consultas, debido principalmente a trastornos adaptativos en relación con problemas laborales y otros originados por la crisis. Un dato especialmente relevante es el que tiene que ver con las tasas de suicidio, que después de disminuir lentamente en los últimos años han sufrido un repunte a partir del año 2008.
EL EJECUTIVO AUTÓNOMO PIONERO DE LOS RECORTES
En lo relativo a las políticas públicas con las que se enfrentan las crisis –apunta la FADSP – “los estudios confirman lo que parece evidente”. Las políticas sociales universales dirigidas a los grupos más vulnerables se traducen en una mejor salud global. Por lo tanto- dicen- “los efectos de las crisis económicas sobre la salud van a depender en gran medida de que se apliquen o no estas políticas”.
Sin embargo, las medidas adoptadas por los gobiernos en su gestión de la crisis se están orientando en el sentido contrario. “Priorizando el rescate de los bancos y el mantenimiento de los sistemas financieros y la reducción del déficit -recuerda la FADSP- se están aplicando recortes importantes en el sector sanitario y socio-sanitario”.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública destaca, asimismo, que en el Estado español e el Ejecutivo canario fue el primero en reducir en un 12% el presupuesto destinado a la Sanidad. Así como la disminución de los días de actividad asistencial, la supresión de actividades por la tarde, el cierre de centros, la eliminación de prestaciones asistenciales o el despido y la no renovación del personal eventual, que ya se están aplicando en las islas. Los planes dirigidos a desregularizar el acceso a los dispositivos sanitarios y a reducir o eliminar la responsabilidad de las administraciones públicas en la provisión y gestión de la atención sanitaria también se han adelantado en Canarias.
MÁS DE 300.000 EN ESPERA DE LA LEY DE DEPENDENCIA
Otros servicios básicos que están sufriendo el embate de los planes de ajuste neoliberal son los del ámbito socio-sanitario. Recursos destinados a la rehabilitación psicosocial en salud mental ya han sido reducidos – según las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública- hasta el punto de que se han quedado sin ningún tipo de prestación personas con trastornos mentales graves. Por otro lado, los obstáculos puestos para acceder a las prestaciones reguladas en la Ley de Dependencia provocan que más de 300.000 personas se encuentren actualmente en las listas de espera para evaluación. Una vez más, Canarias es una de las regiones donde más largas son las demoras para acceder a las ayudas y donde incluso se ha llegado a cancelar el pago de las prestaciones durante meses. Factores que inciden sobre una población muy vulnerable y que terminan originando un empobrecimiento de su calidad de vida, generando o empeorando problemas de salud e incrementando su mortalidad.
La Federación Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública finaliza su escrito destacando que “es su obligación denunciar que hay muchas personas que no están recibiendo la atención que requieren”. Es por ello -concluyen - que “rechazamos los recortes en los servicios sanitarios públicos y el establecimiento de barreras económicas para el acceso a los servicios sanitarios que pueden tener efectos devastadores sobre un porcentaje muy amplio de la ciudadanía”.
