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Global suspenderá pagos a sus 770 empleados y proveedores a partir de octubre si el Cabildo grancanario no le facilita la entrega de las ayudas públicas al transporte que le corresponden y que ascienden a 18 millones. La operadora ha solicitado al nuevo gobierno insular del PP que, si no tiene dinero en caja, por lo menos certifique de forma documental (toma de razón) una parte de ese débito ante los bancos para conseguir los créditos que garanticen "la viabilidad del servicio público más allá del próximo 30 de septiembre".
Salcai Utinsa entregó ayer una carta dirigida al presidente de la corporación grancanaria, José Miguel Bravo de Laguna, con esta urgente demanda tras la reunión que los dirigentes de la empresa y el propio titular del Cabildo mantuvieron el día anterior sin que se llegase a ningún acuerdo entre las partes. Los dirigentes de la operadora manifiestan su sorpresa ya que el anterior gobierno insular (PSOE y NC) les reconocía dicho dinero mediante las correspondientes tomas de razón si no podían adelantarles las ayudas que les corresponde.La dirección de Global entiende, que más allá de que se siga negociando con el polémico criterio de reparto (tarifa de equilibrio) para fijar las cantidades finales de los contratos programas de 2008 a 2011, existe una urgencia en recibir importes que garanticen la financiación de la concesión "a muy corto plazo, este mismo mes".
Según la operadora, el Cabildo les debería haber pagado más de nueve millones de euros, y después de muchas presiones tan sólo les ha adelantado seis quedando pendientes además otros 15 millones correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010. La liquidez por parte de Salcai Utinsa se ha agravado en este último año ya que a la caída en el número de viajeros y el aumento del precio del combustible, con la crisis financiera también se ha originado que los bancos no quieran adelantarles ninguna cantidad.
En la misiva firmada por el presidente de Global, Antonio Benítez, le recuerda a Bravo de Laguna que el marco legal vigente deja en manos del Cabildo y la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (Autgc) la responsabilidad exclusiva de garantizar la viabilidad del transporte y el equilibrio económico de la concesión.
Contrato programa
La corporación insular gestiona el contrato programa con Global que subvenciona el precio del billete y la renovación de la flota por un importe anual de 12 millones. La mitad de ese dinero la recibe del Estado y la otra entre Gobierno canario y Cabildo. "Con total independencia de que otras administraciones pongan dinero, es el Cabildo y la Autgc quienes han de consignar las cantidades necesarias para hacer frente a sus obligaciones con este servicio público esencial", apunta Benítez.
El Cabildo recriminó ayer a Global que "no exija en dos meses al PP lo que no obtuvo en cuatro años con el PSC y NC". Su consejera de Transportes, María del Carmen Rosario, aseguró que se ha adelantado unos cinco millones de 2011 porque las partidas de este año, que el Estado inyecta "no se ingresarán hasta diciembre". La responsable abogó por el diálogo para llegar a un acuerdo entre las partes.
Este artículo de la Ley de Ordenación del Transporte de Viajeros por Carretera de Canarias 13/2007, de 17 de mayo, establece que "la competencia de planificación, administración, financiación y gestión del transporte interurbano compete a los Cabildos Insulares con sujeción a lo dispuesto en esta Ley, en particular en cuanto a modalidades de gestión, y en el marco de la ordenación básica externa, legislativa y reglamentaria, que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias".
Disposición 2ª
La normativa canaria considera también responsabilidad del Cabildo garantizar el equilibrio en la concesión del transporte público interurbano, como se establece en su disposición transitoria segunda de la ley. Así respecto a la adaptación de las concesiones de los servicios se expone que "en el caso de que se solicite la conversión del contrato, la Administración valorará la conveniencia o no para los intereses públicos de esa adaptación debiendo mantener en todo caso el equilibrio económico de la concesión".
