Una fecha fatídica para la clase trabajadora: la nueva ley abre la puerta para desvincular la actualización de los salarios de la inflación.

COMITÉ DE EMPRESA GLOBAL (SALCAI-UTINSA S.A.)

22 DE JUNIO: ¡DINAMITARON LOS CONVENIOS COLECTIVOS!

CANARIAS SEMANAL

Zapatero aprueba en el Congreso, con el apoyo de Coalición Canaria, la contrarreforma de la negociación colectiva.

Este miércoles 22 de junio pasará a la ya larga historia de las contrarreformas laborales del Estado español como el día en el que sucumbió, ante el empuje de los ajustes neoliberales que viene aplicando inmisericordemente el Ejecutivo Zapatero, una de las más importantes conquistas obtenidas mediante las luchas de varias generaciones de trabajadores. La posibilidad de contrarrestar la situación de inferioridad en la que éstos se encuentran  individualmente ante la Patronal, mediante el establecimiento de convenios colectivos en los que se establecen condiciones y derechos mínimos para cada sector de la producción. 

En el Congreso de los Diputados, el Gobierno socialdemócrata consiguió sacar adelante  la votación para tramitar como proyecto de Ley el decreto para la reforma de la negociación colectiva, aprobado por el consejo de Ministros el pasado 10 de junio. Para ello contó con el apoyo tácito de Coalición Canaria, CiU y PNV y UPN. Con la abstención previamente pactada de estos grupos parlamentarios, el PSOE pudo ganar la votación oponiendo los 169 votos de sus diputados a los 159 de PP, ERC, IU-ICV, BNG y UpyD. Como proyecto de Ley, el decreto seguirá ahora el habitual trámite parlamentario, en el que se introducirán las modificaciones pactadas con los nacionalistas de derechas de Canarias, Cataluña y Euskadi. 

Entre ellas se encuentra la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. No es ésta, sin embargo, la parte sustancial de la reforma aprobada por el Ejecutivo psocialista.  El fondo de la misma, por el contrario, apunta a satisfacer una de las exigencias fundamentales de  la patronal española socavando la misma esencia de la negociación colectiva.  De ahora en adelante, en la pugna entre convenios el de empresa primará sobre todos los demás - estatales, autonómicos o provinciales-. Es decir, que cada empresario podrá fijar condiciones a la baja, salvo que el convenio estatal o el autonómico - que sólo afecta al 10% de los trabajadores - digan lo contrario.  Esta modificación, la más importante de los últimos 30 años, concederá a los empresarios la posibilidad de modificar horarios, jornadas, funciones, etc., en función de su "coyuntura" económica. Valorada, obviamente, de acuerdo a sus propios criterios. Las empresas  podrán descolgarse de los convenios de ámbito sectorial o provincial también para el establecimiento de salarios más bajos, aun cuando éstos se encuentren en plena vigencia. Para rebajar aún más los costes salariales, el Ejecutivo Zapatero facilita a los empresarios la posibilidad de  dejar de pagar las horas extraordinarias, distribuyendo un "mínimo" del 5% de la jornada laboral anual en los horarios que más se ajusten a sus necesidades.

El nuevo marco de relaciones laborales consagra, en suma,  la concepción patronal que identifica la "libertad" con la imposición de un marco desigual de "negociación" en el que los asalariados - con la permanente espada de Damócles del despido sobre sus cabezas -carecen de la mínima fuerza necesaria para resistir las imposiciones del empleador.  El término que enmascara esta realidad, con  estudiada ambigüedad conceptual, es el "flexibilidad interna". Según se recogía en el texto que los sindicatos CC.OO. y UGT estuvieron a punto de avalar con su firma, esta “flexibilidad” implica que  "los convenios estarán en permanente evolución desde su firma a la finalización de su vigencia".

Como ya se había anunciado durante las negociaciones entre las centrales sindicales y la patronal CEOE, la contrarreforma terminará también con la "ultraactividad" de los convenios.  Es decir, que al término del periodo para el que éstos fueron establecidos ya no permanecerán vigentes mientras se negocia uno nuevo. Se impone, por el contrario, un arbitraje obligatorio que liquida en la práctica la posibilidad de los empleados de desarrollar una presión efectiva para tratar de mejorar sus condiciones de trabajo. A este "árbitro" se le otorga también la prerrogativa de decidir en el caso de conflictos laborales provocados por cambios de jornada laboral, categorías, organización del trabajo e incluso descuelgues de los mínimos salariales dictados por el convenio sectorial.

Finalmente, y con escasa publicidad, el Decreto aprobado en el Parlamento español  ha abierto las puertas a la siguiente contrarreforma reclamada insistentemente por la Patronal española y por  la Unión Europea y las Instituciones Financieras Internacionales en representación del Capital transnacional. La desvinculación de la actualización anual de los salarios del incremento de la Inflación, con la que se palía la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Como una supuesta concesión realizada a los nacionalistas catalanes, el preámbulo del decreto aprobado el jueves por el Gobierno socialdemócrata incluye, en este sentido, una  orientación para que los salarios se vinculen "voluntariamente" a la productividad.