sábado, 23 de marzo de 2013

Juan Lanzas, exsindicalista de UGT encarcelado este viernes como mediador en los ERE falsos, se apropio de 13 millones de euros desde 1990, según los hechos que le imputó la juez Mercedes Alaya.

5MENTARIOS

El mediador de los ERE se apropió de 13 millones





Fuentes del caso han informado a Efe de que Lanzas tuvo, entre otros, un incremento patrimonial de cuatro casas y un apartamento en la playa como consecuencia de esas ganancias, según se recoge en el auto que decretó prisión sin fianza para él.
Lanzas ha sido encarcelado este viernes, con lo que la juez ha enviado ya a prisión a cuatro de los imputados en la nueva fase de investigación sobre los ERE centrada en las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras.
Junto a el han sido encarcelados Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta, Antonio Albarracín, ex directivo de la aseguradora Vitalia, y el presunto testaferro de empresas usadas para introducir las comisiones en el mercado financiero Juan Francisco Algarin.
La juez Mercedes Alaya, por otra parte, ha decidido trasladar al lunes por la tarde las dos únicas declaraciones previstas para mañana sábado, del abogado Carlos Leal y el exresponsable de Uniter Jose Gonzalez Mata.
Prisión para Eduardo Leal
Por otra parte, Alaya ha decretado esta noche prisión sin fianza para Eduardo Leal, testaferro de empresas usadas presuntamente para introducir las sobrecomisiones en el mercado financiero.
Fuentes del caso han informado a Efe de que Leal ha comparecido brevemente ante la juez Alaya, que le ha leído los hechos que le imputa y ha decretado prisión para él.
Junto a él han sido encarcelados, además de Juan Lanzas, Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta; Antonio Albarracín, ex directivo de la aseguradora Vitalia, y el presunto testaferro de empresas usadas para introducir las comisiones en el mercado financiero Juan Francisco Algarin.
Leal era administrador de las empresas Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, y la Guardia Civille investigó por 47 cheques por importe de 1,5 millones de euros cobrados entre 2003 y 2007.