jueves, 18 de julio de 2013

La ley autonómica de Transporte establece un plazo de adjudicación de 20 años P Solo Canarias y Cataluña tienen normativa propia

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Bruselas estudia la legalidad de las concesiones a las guaguas en las Islas


La Comisión Europea estudia la legalidad de las adjudicaciones de rutas a las empresas de transporte de Canarias. Una denuncia realizada por el grupo empresarial Globalia ha provocado que Bruselas abra un expediente a España tras considerar que las concesiones realizadas por algunas comunidades a las compañías de transporte por carretera no se ajustan a los parámetros establecidos por la Unión Europea (UE) desde 2009.

Junto a Canarias, Cataluña, Madrid o Murcia son algunas de las autonomías que, según la Comisión, dificultan el acceso de nuevos operadores al sector del transporte público al dar preferencia a las empresas que tienen más experiencia en la prestación de este servicio y alargar sus concesiones.


El secretario general de la Federación de Empresarios de Transportes (FET) de Canarias, José Ángel Hernández, asegura que en las Islas las concesiones a las líneas de guaguas no incumplen la norma europea. "En el Archipiélago, al igual que en Cataluña, la renovación de las contratos concesionales se realizó en base a una ley, la de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, publicada en 2007, dos años antes que la regulación de la UE", explica.


En otras comunidades, sin embargo, las concesiones se prorrogaron, según Hernández, "por decretos de los gobiernos autonómicos y con posterioridad a la entrada en vigor de la normativa de la CE".


"El dictamen de la Comisión, por tanto, no puede cuestionar que en Canarias se hayan suscrito las concesiones de manera legal, porque esto se hizo en base a una ley, pero sí nos pone en duda el plazo de duración", señalan desde la FET. El cuestionamiento de los plazos surge porque antes de 2009 Bruselas permitía que las concesiones tuvieran una duración máxima de 20 años. Sin embargo, la nueva normativa europea disminuye ese periodo máximo a diez años de vigencia, y a 15 en el caso de las Islas por ser una región ultraperiférica.


"Los contratos actuales tienen vigencia hasta 2027 y Bruselas quiere establecer el tope en el año 2024, según sus reglas de 2009", señala Hernández, quien asegura: "Ahora nos toca a luchar para que la normativa europea no se aplique en Canarias con carácter retroactivo, aportando documentación al Gobierno central para que la haga llegar a la Comisión".


Canarias cuenta con 12 operadores de guaguas. El sector turístico constituye un atractivo para que nuevos operadores quieran entrar en este sector en las Islas aunque, según Hernández, "a las empresas lo que les interesa es que se abra el mercado para cubrir los grandes corredores, es decir, los desplazamientos que pasan por varias comunidades y poder moverse por toda Europa, pero esas concesiones dependen de Fomento, no de las autonomías", señala.