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La juez de Barcelona que se resistió a someterse a un test de alcoholemia y que amenazó a los agentes que le hicieron la prueba ha sido sancionada por el Tribunal Superior de Cataluña con una multa de 150 euros. Cabe congratularse de que en España se castiguen los excesos de un magistrado, algo que a veces se antoja imposible. Por eso no es una sorpresa la magnanimidad con la que se ha tratado a la protagonista del caso. De entrada, ya se consideró que en su proceder no hubo abuso ni exceso de autoridad, lo que le evitó tener que afrontar una falta grave. A la postre, de entre las sanciones por falta leve se ha escogido una de las más livianas, y eso que el tribunal ha considerado probado que cometió «desconsideración», que profirió «manifestaciones reprobables» y que su condición de juez le exige «un plus» en su comportamiento. Al final, le saldrá más cara la multa por conducir ebria.
