miércoles, 31 de agosto de 2011

FRAUDE AL CIUDADANO

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Ni reforma, ni constitucional

EL ECONOMISTA

Desde que la humanidad es y forma sociedades, se plantea el problema de la necesidad de restringir el poder de los gobernantes y la actuación discrecional de los dirigentes, que siempre resulta en la coerción de nuestra libertad y un ansioso acceso a nuestros bolsillos (rentas, ganancias, bienes, riquezas, patrimonio) de mil formas, aunque siempre justificadas por el bien común.
Por ello, defiendo la limitación o control constitucional de la acción del poder, especialmente en su intromisión en asuntos, acuerdos, decisiones, tratos o contratos de carácter económico, salvo para garantizar la libertad y voluntariedad de las partes afectadas y el cumplimiento de las normas elementales que regulan dichas actividades.
Ello implica constreñir el poder político en la actividad económica y, por ende, en el PIB de un país donde, en la actualidad, las Administraciones Públicas suponen más del 45 por ciento del PIB español. Si bien ese porcentaje por sí sólo no asegura nada, ya que en el franquismo, el Estado apenas suponía un 30 por ciento o menos del PIB y no puede decirse que la autoridad no interviniese cada transacción o sector económico.
¿Por qué una restricción constitucional? La teoría de la Elección Pública explica y la experiencia histórica -de los últimos once años, del siglo XX y, en España, desde hace 500 años, con una política de los Austria o Habsburgo que no entendía de equilibrios presupuestarios- nos asegura que todo dirigente trata de maximizar su cuantía y tiempo de poder, y siempre que pueda se saltará los límites o restricciones para lograr su objetivo.
Así, en interés de la libertad de cada individuo -incluso de quienes comparten plenamente los propósitos del gobernante- debe dificultarse lo más posible la tendencia esencial que todo poder tiene de hacerse autoritario. Eso intentan ser nuestros actuales sistemas constitucionales y democráticos: marcos de convivencia y toma de decisiones sociales que ponen límites al poder.
Si un presidente accede al Gobierno con una limitación como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y mediante mayoría absoluta (mitad más uno) puede eliminar tal barrera a su actuación discrecional, siempre tendrá más fácil actuar de forma abusiva eliminando tal restricción que si se lo impide una mayoría cualificada de, digamos, tres quintos o dos tercios del Parlamento, que suelen requerirse para modificaciones de ámbito constitucional.
Se entiende así por qué el candidato del PSOE, Pérez Rubalcaba, ha declarado que no quiere ni una cifra en la Constitución. Y se explica que fue una gravísima -lo percibimos como tal varios años después y esto es clave para entender cómo actúan los políticos- decisión del PSOE eliminar dicha Ley y gravitar su política en el gasto sin límite y elreparto arbitrario, privilegiado y nepótico del mucho dinero ingresado mediante el auge económico, animado también desde las administraciones autonómicas y locales que se beneficiaban del hoy malhadado modelo del ladrillo, pese a la ausencia de señales de déficit y deuda.

Fraude al ciudadano

Por ello, la clave es el gasto, no esos otros factores. Y por todo ello, pese a que muchos se felicitan por el pacto alcanzado entre PP y PSOE para limitar el déficit por vía constitucional, y que a otros les parezca mejor que nada, mi conclusión es que se trata de un nuevo fraude al ciudadano y, tal como se ha redactado y acometido, es mero papel mojado que intenta engañar a las instituciones europeas, de las que dependemos por el comportamiento manirroto de nuestros administradores.
Así, en cuanto a la forma, la reforma no es propiamente constitucional porque utiliza el desvío de una Ley Orgánica que puede modificarse más fácilmente que si realmente el límite figurase como tal en la Constitución, la cual simplemente se usa de tapadera o puesta en escena.
En cuanto al contenido, no es una reforma porque, primero, lo que debe delimitarse constitucionalmente -con cifras- es el gasto (por ejemplo, un 30 por ciento del PIB) más que el déficit o la deuda, cuyos límites pueden cumplirse incrementando el tic cleptómano de todo gobernante sobre los bolsillos de sus ciudadanos o trampeando con empresas públicas.
Segundo, porque -para colmo- se refiere al déficit estructural, esto es, descuenta el impacto del ciclo económico sobre ingresos y gastos permitiendo los excesos propios de los denominados estabilizadores automáticos sobre las cuentas públicas. Y, tercero, porque el propio texto presentado (punto 4) acepta excepciones que permiten todo tipo de trampas, gateras, escapes y desmanes al poder (admite su incumplimiento en caso de recesión económica, omitiendo que los excesos y disparates de las autoridades son gran parte de su causa y origen), asegurándose que el ciudadano siga al albur de sus gobernantes y pagando.
Fernando Méndez Ibisate. Profesor de Economía de la UCM.


lunes, 29 de agosto de 2011

“CON LA REFORMA DEL CONTRATO DE FORMACIÓN, ES POSIBLE LLEGAR A LOS 30 AÑOS COBRANDO UN 75% DEL SMI, ESTO ES, 481.05 EUROS MENSUALES”

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Los cuatro errores de las reformas laborales del PSOE




La situación del mercado de trabajo español está pasando por un momento trágico,  que afecta particularmente a los jóvenes  y que ha generado buena parte del malestar y de la indignación que prendió la chispa del trimestre de movilización social que, por fortuna, estamos viviendo.
Esta situación, caracterizada no sólo por el desempleo sino por una estructura contractual basada en los contratos temporales, en el fomento de la contratación indefinida mediante la reducción del coste del despido y en la facilitación del despido por causas económicas, no es, como afirman desde el Gobierno del PSOE, un producto de la crisis económica. Nada más lejos de la realidad, la precariedad y la temporalidad de nuestro mercado de trabajo es el resultado de una opción política en materia laboral claramente  obsesionada con la creación de empleo fácilmente destruible, los contratos temporales, con la descausalización paulatina del despido, el despido exprés o con la precarización de un sector de la mano de obra, los jóvenes,mediante fórmulas contractuales de muy bajo coste como son los contratos formativos. Todo ello, eso sí, bajo el fácil eslogan de la “lucha contra el desempleo”.
La reforma acometida el 26 de agosto de 2011 es un paso más, un gran paso sin duda, en esta línea, adoptado con “agostidad” y amparado en la cortina de humo creada con el revuelo de la reforma constitucional pactada entre el PSOE y el PP, calificada ya como “golpe de estado económico” para “garantizar el principio de estabilidad presupuestaria”, y limitar así el endeudamiento público y por tanto la financiación de las políticas públicas. El amplio revuelo suscitado por esta medida ha ocultado, como se comprueba por laescasa repercusión mediática de la reforma laboral, el importante contenido del Decreto Ley aprobado el 26 de agosto por el gobierno socialista sin la aquiescencia de los actores sociales.
La nueva reforma laboral comparte y agrava los errores fundamentales cometidos en la reforma de 2010 y en las que, auspiciadas en su mayoría por el PSOE, le han precedido.
El error de partida sigue siendo el admitir que el derecho de los trabajadores a un empleo estable y de calidad actúa como un  lastre del sistema productivo  y empeora la crisis económica, siendo así el derecho del trabajo el culpable del mal funcionamiento del mercado laboral. Como hemos señalado, nada más lejos de la realidad.
El error de forma es tan palmario en esta ocasión como lo fue en la anterior. La utilización de un Decreto Ley, que requiere una situación de extraordinaria y urgente necesidad, carece de justificación y es, de nuevo, una muestra de la voluntad de rehuir la discusión parlamentaria para la puesta en marcha de las reformas laborales. A esto se une la ya mencionada “agostidad” de la decisión, orientada en idéntico sentido de opacidad y falta de transparencia.
Los errores de fondo cometidos en la reforma de 2011 son distintos a los cometidos en su directa antecesora, [la realizada mediante la Ley 35/2010 del septiembre pasadohttp://www.diagonalperiodico.net/Claves-de-una-reforma-antisocial.html], aunque desgraciadamente complementarios. En aquel momento se profundizó en la flexibilidad interna y en la de salida,  el abaratamiento del despido en cuanto a procedimiento y costes, como una supuesta, y errónea vía, para la creación de empleo. Conjuntamente con estas medidas, la reforma laboral de 2010 introdujo tímidos avances en pos de la reducción de la temporalidad y de la precariedad laboral, como una mejora en la limitación del encadenamiento de contratos temporales, que ya derivaba del 2006, o una reforma, para ajustarlos a su naturaleza, de los contratos formativos. Pues bien, el Real Decreto de 26 de agosto, la nueva reforma laboral, acaba con estos dos puntos, con los dos livianos límites a la temporalidad y a la precariedad del empleo juvenil, que se introdujeron en 2010.
“CON LA REFORMA DEL CONTRATO DE FORMACIÓN, ES POSIBLE LLEGAR A LOS 30 AÑOS COBRANDO UN 75% DEL SMI, ESTO ES, 481.05 EUROS MENSUALES”
Así, y como medida estrella, el Gobierno ha lanzado el llamado “nuevo contrato para la formación y el aprendizaje”. La novedad de esta fórmula contractual es muy relativa, por cuanto  su regulación es en buena medida similar al antiguo contrato de formación, siendo sus destinatarios los jóvenes que no posean la cualificación necesaria para poder acceder a un contrato en prácticas. Cambia fundamentalmente su duración, entre dos y tres años y se amplía la edad máxima para realizarlo hasta los 30 años. Con este contrato, la jornada laboral se reduce a un 75%, quedando el resto como horas de formación, incluso para obtener el título de graduado en ESO. El principal problema es que  no existe, hasta el momento, un desarrollo reglamentario de este régimen de alternancia entre formación y trabajo  y, sobretodo, que el salario de estos trabajadores, que normalmente no pasa del salario mínimo interprofesional (641.40 euros), se ve reducido de manera proporcional a la jornada trabajada, lo cual implica que es posible llegar a los 30 años cobrando un 75% del SMI, esto es, 481.05 euros mensuales. Las cifras hablan por sí mismas.
Más grave todavía es la eliminación del art. 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, dirigido a limitar el encadenamiento de contratos temporales. Esta modificación deja sin límite  la posibilidad de que un trabajador ocupe ad eternum un mismo puesto de trabajo sin llegar a tener nunca un contrato indefinido, alternando todas las formas posibles de contratación temporal encadenadas.
Es bien cierto que en la nueva reforma se introducen otras cuestiones dirigidas al fomento del empleo, bonificando las cuotas empresariales a la seguridad social en los contratos formativos, sin duda los más precarios, o a mantener la protección social de las personas en situación límite, como la prórroga de la ayuda para la recualificación profesional de las personas que agoten la protección por desempleo. También se trata, como primer punto de esta nueva reforma, la creación del fondo individual de capitalización, que fue uno de los mandatos que la Ley 35/2010 enviaba al Gobierno. Reconociendo la falta de viabilidad de esta propuesta, largamente criticada durante la tramitación de la norma del año pasado, la nueva norma prorroga la actuación del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) limitándola, a partir del 2012, a los despidos procedentes. Aún cuando cada una de estas medidas sea en sí misma positiva en cuanto a la protección puntual de la situación de los empresarios y de los trabajadores,  todas ellas no tienen capacidad de ser más que meros parches a los defectos estructurales creados a golpe de reformas laborales  efectuadas a rebufo de cada nueva crisis económica.
Finalmente, esta reforma comparte con las anteriores el cuarto error, un error de perspectiva. Las medidas adoptadas ignoran, nuevamente, que  la conducta empresarial no va a variar si se mantiene la vía fácil para la reducción de los costes  sociales: el recurso a la temporalidad, a la subcontratación y así a la destrucción barata de empleo. Manteniendo estas circunstancias, las alternativas que se plantean para promover la estabilidad y reducir la temporalidad se convierten en agua de borrajas.
Así las cosas, la nueva reforma implica la retorsión del derecho del trabajo para forzarlo a actuar, una vez más, como elemento amortiguador de las consecuencias de la crisis financiera y del modelo de producción. De esta manera, nos encontramos ante la paradoja de que las instituciones laborales, acusadas de ser disfuncionales en términos de crecimiento económico, se han vuelto a retorcer, en un sentido que va a reforzar las tendencias a cuya rectificación dicen dirigirse.
Esto nos evidencia de nuevo el bucle,  las medidas de 2010 no han sido eficaces, lo cual ha generado nuevas acusaciones de disfuncionalidad y una nueva reforma en el sentido de una mayor flexibilización, precariedad y temporalidad que agravarán la tendencia.
La pregunta es si se le está pidiendo al derecho del trabajo que realice una función que no está en su código genético. La respuesta es evidente, el derecho del trabajo no nació sólo para proteger a los trabajadores, pero, desde luego tampoco se conformó para conseguir una maximización de los beneficios empresariales, objetivo al que, sin duda, parece dirigirse.


jueves, 25 de agosto de 2011

Zapatero se reúne en secreto con CC.OO. y UGT y ...

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Zapatero y agentes sociales: reunión secreta para moderar los salarios

EL ECONOMISTA

El Gobierno ha retomado las negociaciones con los agentes sociales para intentar llegar a un acuerdo sobre negociación colectiva. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo una reunión secreta en La Moncloa el pasado 17 de agosto con el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y los líderes de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo. También acudió el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.
La tormenta de agosto obligó a Zapatero, presionado por el BCE tras sus compras de deuda periférica, a pedir ayuda a los agentes sociales, según publica hoy el diario El País. El presidente quiere que se comprometan a prolongar hasta 2014 (año en el que el déficit debería haber vuelto al 3%) el acuerdo de negociación colectiva actual, que expira en 2012.
De momento, no hay acuerdo, pero al menos ayer gobierno, sindicatos y patronal se reunieron para desbloquear la negociación colectiva, aunque apenas hubo avances y sólo se acordó continuar con las negociaciones y se fijó la próxima reunión técnica, el 6 de septiembre. El caballo de batalla sigue siendo el mismo de los últimos meses: la contención salarial y ligar salarios con productividad.

Hubo carta del BCE y habrá moderación salarial

El diario apunta a una carta que envió Jean Claude Trichet, presidente del BCE, a Zapatero hace dos semanas (carta por la que preguntó insistentemente Mariano Rajoy, líder del PP, el pasado martes en el Pleno del Congreso, sin recibir respuesta alguna). En ella pedía "medidas que incidan en la recuperación de la competitividad a través de una mayor productividad y una moderación en los costes empresariales", en línea con el discurso habitual de Trichet.
El Gobierno, tras la presión europea, cedió una vez más, y reclamó a los agentes sociales que en la prórroga de los convenios se establezcan como criterios de revisión salarial la inflación prevista y la evolución de la productividad de cada empresa, con el objetivo de moderar salarios y el conjunto de rentas.
Los sindicatos aceptaron, pero con condiciones: pidieron estadísticas creíbles de la evolución de los salarios y cambios en la política económica del Gobierno para que los esfuerzos fueran compartidos por todos los estamentos, y no solo por los asalariados del sector privado, según las fuentes del diario de Prisa.
La patronal, por su parte, también se mostró partidaria de la prórroga, pero no quiso escenificar ningún pacto, lo que fue interpretado por Gobierno y sindicatos como un rechazo a comprometerse a nada antes de las elecciones.
Una vez conocida esta reunión, cobra sentido la carta que hicieron pública los sindicatos al día siguiente, el 18 de agosto, en la que se mostraban dispuestos a seguir apoyando la moderación salarial más allá de 2012A cambio pidieron desbloquear los convenios colectivos y de un compromiso firme de las empresas para contener sus beneficios empresariales y para invertir sus excedentes en la mejora del tejido productivo.

Habrá más medidas mañana

Recapitulando más, el 19 de agosto, viernes, el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas para reducir el déficit, con modificaciones en el Impuesto de Sociedades y rebaja del IVA de la vivienda nueva.
En la rueda de prensa posterior, la ministra de Economía, Elena Salgado, aplaudió las propuestas de los sindicatos y señaló que el Ejecutivo "seguirá dando pasos para favorecer un impacto más equitativo de las cargas que han supuesto la crisis", y avanzó nuevas medidas para el Consejo de Ministros de mañana.
Zapatero, en el pleno del Congreso de esta semana para convalidar estas medidas contra el déficit, ya avanzó, en otro guiño a los sindicatos, que prorrogaría la ayuda de 400 euros para los parados sin prestación y agradeció públicamente las propuestas sindicales.
Además, no revisará el contrato a tiempo parcial, como pedían los empresarios y ampliará la edad del contrato de formación, aunque prepara una auténtica bomba: la suspensión de los límites a los contratos temporales durante dos años.
También es probable, como dio a entender ayer Salgado, que se aumente la presión fiscal a los más ricos y se especula con que pueda recuperar el Impuesto de Patrimonio, en línea con lo que han hecho otros países como Francia e Italia.
A principios de este mes, el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya pidió a sindicatos y patronal que alcancen un acuerdo sobre rentas que dé lugar a una mayor moderación salarial y a la reinversión de parte de los beneficios empresariales para generar empleo.

CCOO y UGT envían una carta al Gobierno con sus propuestas laborales.

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Los sindicatos aceptan más moderación salarial



EL ECONOMISTA


Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, han enviado una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para expresarle su preocupación por la gravedad de la situación económica y realizar una serie de propuestas dirigidas a dinamizar la actividad.
Entre dichas propuestas, los dirigentes sindicales se muestran dispuestos a seguir apoyando la moderación salarial más allá de 2012, año en el que concluye el acuerdo de negociación colectiva que firmaron con la patronal, a cambio de desbloquear los convenios colectivos y de un compromiso firme de las empresas para contener sus beneficios empresariales y para invertir sus excedentes en la mejora del tejido productivo.
"Los salarios deben mantener una senda de moderación en su crecimiento, como el establecido en el actual acuerdo de negociación colectiva (AENC), con una extensión a un periodo temporal más amplio, pero el esfuerzo será baldío y contraproducente si no está acompañado de un compromiso firme de contención de los beneficios empresariales y un esfuerzo adicional de inversión de los excedentes obtenidos para ampliar y mejorar el tejido productivo español", aseguran.
Toxo y Méndez condicionan también el mantenimiento a futuro de la moderación salarial al desbloqueo de la negociación colectiva, para poder suscribir así los convenios correspondientes a 2011. Según denuncian, este retraso en los convenios está afectando al poder adquisitivo de los trabajadores, que ven crecer sus sueldos por debajo de la inflación, lo que a su vez merma las posibilidades de reactivación económica.
El acuerdo de negociación colectiva firmado entre sindicatos y patronal para el periodo 2010-2012 contempla un incremento salarial del 1% para 2010, de entre el 1% y el 2% para 2011 y de entre el 1,5% y el 2,5% para 2012.

Guiño a Rubalcaba, pero con condiciones

Recientemente, el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió a sindicatos y patronal que alcancen un acuerdo sobre rentas que dé lugar a una mayor moderación salarial y a la reinversión de parte de los beneficios empresariales para generar empleo.
Rubalcaba instó, en este sentido, a que, en el marco de la autonomía de las partes, se comience por revisar el acuerdo salarial recogido en el AENC para los años 2010-2012.

Control sobre los precios

En su carta a Zapatero, los líderes sindicales aseguran que la economía española debe aprovechar "todas las bazas disponibles" para mejorar su cuota de mercado nacional e internacional. Con ese objetivo consideran imprescindible conseguir un "estricto" control de los precios de los bienes y servicios nacionales para que evolucionen de manera "razonable" y todo ello, dicen, debe hacerse "con la colaboración de todos los agentes económicos" con influencia en el proceso.
Para Toxo y Méndez, es especialmente importante controlar los precios en algunos bienes que tienen mucha influencia en la capacidad adquisitiva de las rentas más bajas, como la energía, el transporte público y los alimentos. "El esfuerzo en esos apartados debe ser especialmente intenso, mediante incluso el uso de una regulación pública más intensa durante un periodo de tiempo", alegan.
Los dirigentes de CCOO y UGT instan además a una recapitalización "rápida" del sistema financiero para conseguir normalizar los canales de crédito, así como a acometer reformas que racionalicen el gasto público y reduzcan las duplicidades entre administraciones.
Al mismo tiempo, consideran imprescindible mejorar los ingresos públicos para sostener un nivel de gasto adecuado a las necesidades del país. "Los compromisos de austeridad se concretan en alcanzar saldos sostenibles, no en la mera reducción de la presencia del sector público en la economía", argumentan.

Cambios fiscales

En materia fiscal, Toxo y Méndez piden que la lucha contra el fraude fiscal se convierta "en seña de identidad" de todas las administraciones públicas, que se reinstauren los tipos de gravamen en el Impuesto sobre Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que se modifique el sistema de estimación objetiva de las rentas de actividades económicas dentro del IRPF, y que se implante una tarifa progresiva de entre el 15% y el 25% de la tributación de los rendimientos del ahorro y plusvalías en el IRPF.
Asimismo, reclaman que se iguale el tipo de gravamen efectivo y ordinario en el Impuesto de Sociedades mediante la eliminación de las deducciones fiscales.
Toxo y Méndez explican que la racionalización del gasto y los mayores ingresos permitirían al sector público hacer hincapié en las políticas de protección a las personas en peor situación (desempleados y gente en peligro de exclusión social) y a los jubilados, "que no deben sufrir recortes en su poder adquisitivo".
En materia de vivienda, piden que se aborde una política "ambiciosa" para fomentar el alquiler, y en el plano laboral, los dirigentes sindicales lanzan un aviso al Gobierno: la contratación a tiempo parcial puede ayudar a crear empleo, "pero en ningún caso" debe convertirse en el principal mecanismo de entrada al mercado laboral sin contar con los derechos adecuados en las condiciones de trabajo y protección social de los trabajadores.
Para Toxo y Méndez, la política económica tiene que estar dirigida en su totalidad a crear empleo, pero con esfuerzos equilibrados, de tal manera que las personas en peor situación no asuman el mayor coste de la crisis.
En su opinión, el empeño de generar empleo se debe redoblar para los jóvenes,apoyándose en el sistema educativo, pero también en la formación, combinando la formación profesional con las prácticas remuneradas en las empresas.
Al mismo tiempo que fijan la generación de empleo como el objetivo principal de la política económica, Toxo y Méndez recuerdan a Zapatero la necesidad de garantizar la protección a los parados, teniendo en cuenta además que muchos han agotado ya sus prestaciones.





miércoles, 24 de agosto de 2011

Javier Nart: Hipocresía o esquizofrenia (I)


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Hipocresía o 

esquizofrenia (I)



Javier Nart


EL ECONOMISTA


Nuestra legislación tanto penal como mercantil señala como responsables a las personas jurídicas (sociedades) que no hayan ejercido debidamente su deber de vigilancia sobre sus directivos que en el ejercicio de su cargo hayan cometido delitos o hubieren perjudicado a terceros por su administración imprudente o negligente.
En caso de delito, el Artículo 31 del Código Penal amplía como responsables penales a la persona jurídica por los ilícitos cometidos en su nombre y en su provecho por sus representantes tanto de hecho como de derecho, ampliándola en el supuesto de que los presuntos delincuentes hubieran podido realizar desmanes gracias a la falta del "debido control" de la entidad para la que trabajaban.
Y en idéntica lógica, en caso de perjuicio no delictivo no solo la sociedad que actuó sino los propios Administradores que decidieron responderán ante los acreedores sociales y los socios por los daños económicos que hayan podido causar por sus decisiones negligentes o notoriamente imprudentes. Véanse los Artículos 133 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
Responsabilidad civil que es incluso solidaria para los miembros de ese consejo de administración que absteniéndose o no firmando los acuerdos lesivos no hubieren actuado diligentemente para impedir la lesión. De este modo, no sólo la acción sino también la pasividad se sanciona con la asignación de responsabilidad civil.
En román paladino quiere ello decir que si el director de un banco delinque en el ejercicio de su cargo y la entidad, por falta de atención debida, no hubiera impedido el delito, entraría de pleno en la responsa- bilidad penal antedicha. Y también el consejero, en este caso responsabilidad civil, que no se hubiera activamente opuesto a decisiones disparatadas que provoquen perjuicio para la sociedad o para terceros.
Inobjetable: quien decide (en delito o negligencia) no puede ser ajeno al daño que crea. Otra cosa es la praxis.
Continuará.
Javier Nart es abogado.

UN ABARATAMIENTO ENCUBIERTO DEL DESPIDO

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El Gobierno planea eliminar los límites a los contratos temporales

EL ECONOMISTA
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, podría dar una vuelta de tuerca más este viernes en su lucha para intentar frenar el paro: acabar con el límite a los contratos temporales. Con esta medida se reduce, de facto, el coste del despido, ya que a los empresarios no les interesará ya hacer contratos indefinidos.
Según publican dos medios afines al Ejecutivo, Cinco Días y Públicoel próximo Consejo de Ministros aprobará una suspensión temporal del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, que limita en el tiempo el número de contratos temporales.
Según explica Público, que ha tenido acceso al borrador del Real Decreto, no habrá ningún tipo de límites para que una misma persona tenga varios contratos temporales, consecutivos o no y aunque sean en una misma empresa.
El artículo 15.5 reza que "los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos".
El Estatuto de los Trabajadores señala también que la negociación colectiva vigilará "la utilización abusiva de contratos de duración determinada con distintos trabajadores para desempeñar el mismo puesto de trabajo cubierto anteriormente con contratos de ese carácter", según recuerda el diario.

Otras medidas laborales

Además de esto, el Gobierno se prepara para ampliar la edad del contrato de formación hasta los 30 años, con bonificaciones a las empresas, abaratando la mano de obra sin que ello suponga una reducción de los salarios. Esta medida ya fue propuesta por el PP el año pasado, y rechazada por el Partido Socialista.
Para dulcificar estas medidas, el Ejecutivo se dispone a prorrogar la ayuda de los 400 euros para parados que hayan agotado toda la prestación.
Asimismo, yal y como avanzó ayer el presidente del Gobierno, el Real Decreto incluirá también la ampliación del plazo para convertir contratos temporales en contratos de fomento de la contratación indefinida, así como la prórroga del mecanismo de pago por parte del Fogasa de parte de la indemnización por despido.
De la misma forma, la norma incluirá la remisión al primer semestre de 2013 de la implantación del Fondo individual de capitalización mantenido a lo largo de toda la vida laboral previsto para casos de despido, completar la formación o, en último término, en el momento de la jubilación.

El proyecto del tren en la isla no se ha parado ni se ha metido en un cajón.

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Bravo de Laguna sobre el tren de Gran Canaria: "No lo hemos parado ni metido en un cajón, pero tampoco es una prioridad"


(EUROPA PRESS) -

   El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna (PP), ha asegurado que el proyecto del tren en la isla no se ha parado ni se ha metido en un cajón, aunque matizó que en estos momentos no es una prioridad y que todo depende de que haya una financiación nacional europea.
   
"El tema del tren sigue a la velocidad que venía marcada por las circunstancias anteriores. Es decir, había una serie de concursos sobre proyectos de estaciones en marcha, y eso sigue. Hay dos concursos de proyectos que todavía no se han adjudicado y eso va a seguir su trámite", dijo en declaraciones a los medios de comunicación.

   Asimismo, explicó que el Cabildo está pendiente de que se concrete con el Estado una financiación de 10 millones de euros que estaban previstos para 2011. "Con las circunstancias cambiantes --agregó-- y aleatorias de estos momentos en la política nacional, no sabemos si a final de año se podrá concretar esa aportación del Ministerio de Fomento de 10 millones".

   Bravo de Laguna aseguró que se sigue en el proceso del tren de Gran Canaria. "No lo hemos parado y no lo vamos a meter en un cajón. Tampoco es una prioridad para la isla en estos momentos. Somos realistas y sabemos que todo depende de que al final haya una financiación europea o nacional", concluyó.